Una cosa es vivir con la ilusión de tener una casa o un terreno propio; otra muy distinta es vivir con el alivio de saber que los papeles están en regla.
Una familia pudo haber levantado su casa con esfuerzo durante 20, 30 o 40 años. Pudo haber comprado un pequeño terreno, construido poco a poco, levantado paredes con los ahorros de toda una vida y convertido aquel pedazo de tierra en el hogar de sus hijos. Pero hay algo que ninguna familia debería cargar durante décadas: la incertidumbre sobre su propio patrimonio.
Porque mientras los papeles no están en regla, la casa puede estar ahí, las paredes pueden ser firmes y los recuerdos pueden llenar cada habitación, pero jurídicamente siempre queda una pregunta pendiente: ¿realmente es nuestra? Y ahí comienza una historia que se repite demasiado en nuestro país. Sexenios van y vienen. Se piden votos, se pronuncian discursos, se hacen promesas y se anuncian grandes proyectos. Pero en los escritorios de la administración pública permanecen asuntos que, por alguna razón, nunca encuentran el momento de ser resueltos. Expedientes que pasan de una oficina a otra. Trámites que se quedan en el tintero. Familias que regresan una y otra vez a preguntar por aquello que iniciaron sus padres, quizá sus abuelos. Y el tiempo pasa.
Tal vez algunos de esos padres y madres que comenzaron el trámite ya no están. Tal vez se fueron sin poder entregar a sus hijos lo que más deseaban: no solamente una casa, sino la tranquilidad de saber que esa casa les pertenecía legalmente. Por eso regularizar un título de propiedad no debería verse como un simple acto administrativo. Es mucho más que poner una firma, sellar un documento o entregar un papel. Es cerrar una espera. Es ponerle punto final a una incertidumbre. Es decirle a una familia: esto que construyeron con el esfuerzo de tantos años, ahora tiene certeza jurídica.
Y aquí es donde vale la pena detenerse en algo que con frecuencia olvidamos cuando hablamos de gobierno: la gestión también es una vocación. Ser servidor público no debería reducirse a ocupar una oficina, administrar expedientes o cumplir con el horario. También significa tener la sensibilidad para mirar un problema que lleva años detenido y preguntarse por qué nadie lo ha resuelto. Porque gobernar no solamente es construir lo nuevo. También es tener el valor y la voluntad de resolver aquello que otros dejaron pendiente.
En ese sentido, el trabajo que hoy encabeza Rafael Moreno Valle Buitrón en materia de regularización patrimonial tiene una particularidad: no está atendiendo una deuda que él contrajo, pero sí está asumiendo la responsabilidad de comenzar a saldarla.
Y quizá ahí radica una de las expresiones más nobles de la función pública: recibir un problema viejo y convertirlo, finalmente, en una solución. Porque una vivienda puede ser patrimonio. Un terreno puede ser patrimonio. Pero la certeza jurídica también lo es. Y cuando esa certeza llega después de décadas de espera, quizá el documento que se entrega no tenga el valor de una gran obra inaugurada ni de un discurso pronunciado frente a cientos de personas. Para esa familia puede valer mucho más. Puede significar tranquilidad.
Y hay cosas que, después de tantos años, también merecen ser heredadas. La tranquilidad, por ejemplo.
