Hay discusiones que comienzan hablando de animales y terminan hablando de política.
La tauromaquia parece ser una de ellas. Que quede claro desde el principio: nadie está obligado a ser taurino. Quien disfruta una corrida tiene derecho a hacerlo y quien la rechaza también tiene derecho a no asistir. Esa debería ser la esencia de una sociedad plural: convivir con aquello que no necesariamente nos gusta.
El problema aparece cuando una preferencia pretende convertirse en una prohibición para todos. Y entonces surge una palabra que, en política, debería ser obligatoria: congruencia. Porque si la razón para terminar con la tauromaquia es la defensa y el bienestar de los animales, bienvenida sea la discusión.
Pero entonces tendríamos que aplicar el mismo rasero en todas partes. ¿La defensa de los animales es realmente un principio o solamente una bandera cuando resulta políticamente conveniente? Porque si es un principio, debería ser universal. Y si vamos a hablar de bienestar, también tendríamos que hablar del bienestar de las personas.¿Qué sucederá con los trabajadores que dependen de la actividad taurina? ¿Con los ganaderos? ¿Con quienes trabajan en las plazas? ¿Con transportistas, músicos, comerciantes, artesanos, restaurantes y hoteles? ¿Quién va a pagar la factura de una eventual prohibición? Porque resulta muy sencillo decir: “que desaparezcan las corridas en Hidalgo”. Lo complicado es responder qué ocurre el día después. Y hay otra pregunta que me parece todavía más importante. En muchos pueblos, los festejos taurinos forman parte de sus fiestas patronales. No son solamente un espectáculo: son parte de una tradición, de una celebración comunitaria y, en algunos casos, de una economía local.
Entonces, si se pretende eliminarlos, ¿quién decidirá qué debe ocupar su lugar? ¿Los legisladores? ¿Los partidos? ¿Los grupos de activistas? ¿O los propios habitantes de esos pueblos? Porque sería una ironía extraordinaria que se pretenda consultar a la sociedad sobre el futuro de la tauromaquia en aquella entidad y, al mismo tiempo, no se les pregunte a las comunidades qué significa para ellas una tradición que forma parte de su identidad. Y todavía hay algo más. Si van a preguntarnos qué hacer con el toro, ¿por qué no preguntarnos también qué estamos haciendo con el medio ambiente? ¿Dónde están las consultas sobre nuestros ríos contaminados? ¿Sobre la pérdida de áreas verdes?¿Sobre la basura? ¿Sobre la calidad del aire? ¿Sobre la tala? ¿Sobre las minas? ¿Sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales de quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger nuestro entorno?
Qué curioso. Para preguntarnos qué hacer con el toro sí encontramos tiempo. Para preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente, pareciera que no siempre hay tanta prisa.
Y entonces llegamos a la consulta. Porque hay otro detalle que tampoco deberíamos perder de vista. La consulta sobre la tauromaquia en el estado de Hidalgo está prevista para realizarse en 2027, en el contexto de la jornada electoral. No estamos diciendo que exista una intención electoral detrás de la consulta. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero tampoco tendría sentido fingir que el calendario político no existe.
Porque los temas que despiertan emociones también movilizan. El toro despierta emociones. Las mascotas despiertan emociones. El medio ambiente despierta emociones. La identidad, las tradiciones y el maltrato animal despiertan emociones. Y en política, las emociones también cuentan y se reflejan en los votos.
Maquiavelo, que de política sabía bastante más que nosotros, entendió que para analizar el poder no basta con escuchar lo que se dice: también hay que observar las circunstancias, los intereses y los efectos de las decisiones. Por eso quizá deberíamos hacer algunas preguntas antes de votar una prohibición.
¿Cuál es el estudio de impacto económico? Tauromaquia Mexicana ya ha presentado sus propios números, pero ¿dónde están los estudios de quienes promueven la prohibición? ¿Cuántos empleos se perderían? ¿Qué sucedería con la ganadería de bravo? ¿Qué pasaría con los festejos patronales? ¿Qué alternativa se ofrecería a las comunidades? ¿Quién asumiría el costo de la transición? Y, sobre todo: ¿Cuál es el beneficio concreto que obtendría la sociedad y cómo se va a medir?
Porque una política pública seria no termina cuando se aprueba una prohibición. Ahí comienza. Y si realmente estamos hablando de bienestar animal, entonces hagámoslo en serio.
Hablemos también del bienestar de las familias que viven de esa actividad. Del campo. De las tradiciones. De las economías locales. Del medio ambiente. De todo aquello que puede medirse y no solamente de aquello que puede utilizarse para despertar polémica. Porque quizá el problema nunca fue preguntar. El problema es qué preguntamos, cuándo lo preguntamos y, sobre todo, qué dejamos fuera de la pregunta.
Y mientras algunos quieren que discutamos apasionadamente sobre el destino del toro, quizá valdría la pena que nosotros, los ciudadanos, levantemos la mirada y hagamos una pregunta mucho más grande: ¿Quién está pensando en el día después?
Porque el toro puede salir de la plaza. La mascota puede salir de la fotografía. Pero la política…la política siempre se queda.Y los políticos están de paso.
