- El gobernador Alejandro Armenta señaló que hace más de 10 años los gobiernos convirtieron a Puebla en un laboratorio de corrupción.
- El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, denunció que a su llegada encontraron 89 litigios, las demandas ascienden a 5 mil 500 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO.- “En Puebla se institucionalizó la corrupción y el saqueo durante el periodo de los gobiernos neoliberales”, así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta, quien afirmó que postraron al estado al pago de recursos que debieron destinarse para el campo, educación, seguridad o carreteras.
“Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, afirmó el Ejecutivo, al indicar que a través de los esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), la entidad se convirtió en un laboratorio para sistematizar los saqueos.
El mandatario puntualizó que el gobierno que encabeza no persigue a nadie, no existe omisión y mucho menos complicidad, por ello se actúa jurídicamente para resolver distintos casos que vienen de décadas atrás, como el caso del Museo Internacional del Barroco, resuelto por su administración con el pago de 2 mil millones de pesos y un histórico ahorro de 8 mil millones de pesos.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, refirió que, por instrucción del gobernador, desde el inició de la administración se emprendieron acciones para frenar el saqueo que heredaron administraciones anteriores.
García Parra explicó que se trabaja en la terminación anticipada de varios casos como es el Centro Integral de Servicios (CIS), en el cual a la fecha se han pagado más de 2 mil millones de pesos y vence en 2037 y para este año se tienen que pagar 259 millones de pesos. Detalló que en el caso de Agua de Puebla, para terminar el contrato de forma anticipada se tendría que pagar una indemnización por 7 mil millones de pesos.
Detalló que también a su llegada al gobierno encontraron 89 litigios en distintos temas como obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de factura, el total de lo demandado es superior a los 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 29 ya tienen sentencia firme por más de mil 500 millones.
Finalmente, el coordinador de Gabinete refirió que no se permitirá que servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno cuando hay tantas necesidades para la población. “Pasaremos de deuda oculta, de saqueo, hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”.
