Cuando el poder se olvida de los valores
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades, nos obliga a mirar más allá de una persona y de una institución. Las investigaciones deberán determinar si existen responsabilidades; pero el caso nos deja una pregunta: ¿cuántas veces hemos confundido el servicio público con un patrimonio privado?
Immanuel Kant sostenía que la moral no consiste simplemente en cumplir una regla por temor al castigo, sino en actuar por deber. De poco sirven las leyes, los reglamentos y los códigos de ética si quien debe cumplirlos carece de la voluntad de actuar correctamente, incluso cuando nadie lo vigila. La preparación académica puede abrir puertas, pero no garantiza la integridad.
Y el problema no termina en los altos funcionarios que aparecen en las noticias. ¿Cuántos directores, gerentes y mandos medios toman decisiones sobre contrataciones, presupuestos, nombramientos y ascensos sin que sus posibles conflictos de interés sean examinados con suficiente rigor?
No afirmamos que todos incurran en esas prácticas. Precisamente por eso necesitamos mecanismos que permitan identificarlas, prevenirlas y sancionarlas cuando corresponda. La vigilancia no debe limitarse a quien firma el contrato, sino alcanzar a quienes preparan los procedimientos, seleccionan proveedores, autorizan pagos y supervisan resultados.
Porque también está el ejemplo que dejamos a nuestros hijos: conseguir trabajo gracias al tío, ascender por el compadrazgo o alcanzar una posición mediante relaciones personales, sin importar el mérito ni la preparación. ¿Qué les enseñamos cuando les pedimos honestidad, pero les mostramos que los privilegios pueden valer más que el esfuerzo?
Si las investigaciones del INE acreditan las irregularidades señaladas, quizá estemos ante la punta de un iceberg. Pero el problema no se resuelve con una renuncia ni con el relevo de un funcionario.
La integridad de una institución no se demuestra solamente con la honestidad de quien la encabeza, sino con la transparencia de cada decisión que se toma dentro de ella.
Y la pregunta final es inevitable: ¿estamos vigilando las instituciones únicamente cuando aparece un escándalo, o hemos construido mecanismos capaces de impedir que los pequeños privilegios cotidianos terminen convirtiéndose en grandes abusos?
