La reciente corrida organizada por la empresa Feria Toro, celebrada en San Juan del Río ha dejado nuevamente al descubierto una realidad que merece ser analizada con serenidad: la creciente tendencia a descalificar a las instituciones cuando sus resoluciones no coinciden con determinadas causas.
El festejo taurino se llevó a cabo porque contaba con las autorizaciones legales correspondientes y porque las autoridades competentes determinaron que no existían impedimentos jurídicos para su realización. En un Estado de Derecho, las diferencias deben resolverse precisamente en los tribunales y conforme a la ley. Sin embargo, cuando una resolución no favorece a ciertos grupos, surgen de inmediato acusaciones de corrupción, tráfico de influencias o irregularidades, muchas veces sin presentar prueba alguna.Resulta preocupante que la legitimidad institucional parezca depender únicamente de si el fallo coincide o no con una postura ideológica determinada. Si la autoridad resuelve a favor de la prohibición, se celebra la independencia judicial; si resuelve conforme al marco legal vigente y permite el festejo, entonces se cuestiona su integridad. Esta lógica no fortalece la democracia; la debilita.Por otra parte, también vale la pena preguntarse por qué la tauromaquia concentra una movilización mediática tan intensa, mientras otros problemas relacionados con el bienestar animal reciben una atención considerablemente menor.En México persisten fenómenos graves como el abandono masivo de perros y gatos, el tráfico ilegal de especies silvestres, el maltrato doméstico, las peleas clandestinas, la explotación indiscriminada de animales y las deficientes condiciones en algunos centros de resguardo. Sin embargo, pocas veces estos temas generan campañas permanentes, movilizaciones multitudinarias o la misma presión mediática que una corrida de toros.La pregunta no es menor: ¿se busca verdaderamente construir una cultura integral de protección animal o se privilegian aquellas causas con mayor impacto simbólico y mediático?Toda sociedad democrática necesita debate. Los aficionados tienen derecho a defender una manifestación cultural que consideran parte de su identidad. Quienes se oponen a ella tienen igualmente el derecho de expresar sus desacuerdos y promover cambios legislativos. Pero el debate debe sostenerse sobre argumentos, pruebas y respeto a las instituciones, no sobre descalificaciones automáticas ni campañas de desinformación.Si aspiramos a una auténtica cultura de protección animal, ésta debe ser congruente, integral y aplicarse a todos los ámbitos, no únicamente a aquellos que generan mayor visibilidad pública.
