-En un acto sin precedentes, la presidenta de la CDH, Isela Sánchez Soya impartió un curso a las y los secretarios, encabezados por el mandatario estatal.
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como un hecho sin precedentes y con el fin de fortalecer el servicio público, funcionarios estatales, integrantes del gabinete del Gobierno de Puebla, encabezados por el gobernador Alejandro Armenta, recibieron una capacitación en materia de Procedimiento de Queja, la figura de la Conciliación y la Recomendación, por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Isela Sánchez Soya.
El mandatario estatal expresó que el respeto a los derechos humanos es inherente al cargo y que los derechos sociales universales han evolucionado en su aplicación, en los objetivos, por ello hizo un llamado a las y los secretarios a cuidar su actuar, para no incurrir en violaciones durante su desempeño, donde se vea afectado algún ciudadano.
Además, reconoció el trabajo que realiza la comisionada Sánchez Soya al imponer dinamismo al desempeño de este organismo y realizar visitas a penales, acudir a foros o encuentros, con el fin, no solo de verificar que se cumpla con el respeto de los derechos de las y los poblanos en cualquier circunstancia, sino de promover el conocimiento sobre los mismos.
La presidenta de la CDH, Isela Sánchez Soya explicó que una conciliación es aquella resolución emitida por la visitaduría general correspondiente, donde se sugiere un procedimiento a las autoridades señaladas como responsables de cometer actos u omisiones, que no refieran violaciones graves a los derechos a fin de resarcir el derecho humano que sea vulnerado. Respecto a la queja, explicó que es una solicitud que una persona hace, ya sea de manera escrita, verbal o en lenguaje de señas, para que la CDH investigue la presunta violación de derechos, por actos u omisiones cometidas por un funcionario ya sea estatal o municipal.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio resaltó la trascendencia de que las y los funcionarios estatales sean capacitados para desempeñar su cargo con perspectiva de derechos humanos.
